Por: Yasser Benancio*
Durante los últimos años vivimos un contexto en el que el derecho internacional de los derechos humanos enfrenta, por decirlo menos, una crisis profunda. En una entrevista de TV-UNAM, recientemente, Rita Segato comentó que el genocidio en Gaza (Palestina) es el “último clavo en el ataúd de la Carta de los Derechos Humanos”, pero, además, agrega que Gaza es también una nueva carta en la que la “ley es el poder de la muerte”.1
La falta de respuesta de los Estados y del mundo en el Sistema Internacional de Derechos Humanos frente a Gaza nos lleva a pensar que hemos perdido todo el sentido humano que aparentemente construimos ante los horrores de nuestra historia, como la colonización y los genocidios.
En nuestro país los derechos parecen encontrarse en la misma dirección, en particular los derechos humanos, pues pierden fuerza y se dirigen hacia la ignominia, como si nuestras historias y vergüenzas propias no hubiesen sido suficientes. Desde el 2022, la toma del poder y la captura del Estado -abrazado del racismo- no solo evidencia una mera pugna de poder a la que lamentablemente gran parte de la ciudadanía se ha acostumbrado, sino que comprende una agenda mucho más grande: la salida de una de las instituciones que han marcado -con sus aciertos y desaciertos- un esquema de protección de derechos humanos, es decir, “salir de la CIDH”.2
Nuestra formación como República, el Estado “Nación”, apenas viene dando sus primeros pasos para dejar estructuras de colonialidad 3 contra quienes han preexistido a su propia formación y, en este marco, el derecho internacional ha logrado avances y consensos como un mecanismo que posibilita unificar principios básicos para el ejercicio de nuestros derechos. Así, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha logrado ser un organismo de garantía, muchas veces, frente al abuso de poder de los Estados.
Sin embargo, el poder que gobierna hoy el país —que dice distinguirse de países como Venezuela y Cuba—, paradójicamente, viene adoptando medidas para reducir derechos y generar impunidad sin que haya contrapeso que la limite. Hace unosmeses se modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional para reducir el marco interpretativo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) y limitarla solo a los procesos donde el Perú era parte (Art. VIII del NCPC); hace unos días, el Congreso de la República, conjuntamente con el Gobierno nacional, sacaron la Ley Nº 32419 que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa, en desacato expreso de todas las disposiciones internacionales sobre crímenes de lesa humanidad que claramente la prohíben; ahora pretenden una denuncia a la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) para el retiro del país del SIDH. ¿A quiénes se hace injusticia? A los mismos de siempre: la población indígena/campesina que constituyó casi el 80% de las víctimas del Conflicto Armado,4 las víctimas de las matanzas de 2022 y 2023, la población a la que se le negaron los derechos políticos5 y, por supuesto, a todos nosotros.
Esto refleja una realidad que, en los últimos años, ha superado toda ingenua burbuja en la que hemos estado. Estos últimos golpes a la institucionalidad nos han enseñado que quizás no se consolidó un cimiento democrático sólido frente a quienes se supone que ya estaban bajo los mandatos de la justicia. En parte, es consecuencia de nuestro racismo y la colonialidad imperante que han sido suficientes para que el manto democrático sea resquebrajado fácilmente, lo que ha permitido que el poder sea asumido por fuerzas dictatoriales con claros intereses de impunidad, después de tener sus cuotas de muerte.
En este contexto, la pretensión de debilitar el SIDH no es un hecho que deba ser entendido fuera del fenómeno global del derecho internacional que en los hechos ya se incumple frente al mundo, sino debe recordarnos su importancia como los principios esenciales para la convivencia humana desde el aprendizaje de nuestra historia.
La impunidad precisamente es la “ley del poder de la muerte”, por lo que no debe ser tolerada en ningún sentido. Por ello, que nuestro país resista y no permita el abandono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que lo fortalezca y no lo atropelle, no solo implica mantener nuestro sistema de justicia fuerte para nuestros pueblos, sino también implica resistir a la “ley del poder de la muerte” en el mundo. El fortalecimiento de los Derechos Humanos en nuestro lado del mundo, representa una resistencia contra la vulneración de los mismos, los nuevos colonialismos y los genocidios, incluso frente al genocidio del pueblo palestino en Gaza.
*Bachiller en Derecho UNMSM
1 TV UNAM (15 jun 2022). Diálogos por la Democracia con Rita Segato. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FBjIHYEhfhg
2 Esta agenda ha sido propuesta por una de las lideresas de los partidos políticos más grandes del país cuya fuerza ha mantenido su presencia en el Congreso durante los últimos periodos. La República (2024), “Salir de la CIDH me parece importantísimo», el mensaje de Keiko Fujimori a Fuerza Popular en el 2018 [Nota de prensa].
3 “Colonialidad” es un término usado por Aníbal Quijano para explicar las dinámicas de poder en la que nos desenvolvemos, los cuales se “fundan en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social”.
4 Comisión de la Verdad y Recuperación (2003). Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR. Disponible en: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php
5 IIDS (2023). Dosier Perú: Crisis de representación política y demandas indígenas para la descolonización del Estado. IIDS, Lima.